Virginia Hernández, trabajadora social de la zona de Villalba del Rey (área de Campos del Paraíso).
M. Raspal Jorquera
“La atención a todos los ciudadanos está garantizada porque somos un servicio esencial”. Virginia Hernández Pérez, trabajadora social de la zona de Villalba del Rey —donde ejerce desde hace seis años— asegura que, aunque se encuentran en servicios mínimos durante este Estado de Alarma, ella y sus compañeras están acudiendo en turnos diarios a la cabecera en Carrascosa del Campo —el área de Campos del Paraíso engloba a estas dos zonas junto con las de Huete y Torrejoncillo del Rey— y el resto del equipo (los educadores sociales y el personal administrativo) teletrabajando en sus domicilios pero en “coordinación constante”. Durante esta crisis sanitaria solo atienden presencialmente situaciones urgentes que lo requieran para evitar la movilidad innecesaria y los posibles contagios. El resto de demandas, dudas o incidencias las están canalizando telefónicamente (ver teléfonos habilitados) y a través de WhatsApp o correo electrónico. Para ello cuentan con los recursos necesarios, ordenadores portátiles y terminales, así como equipos de protección individual (EPIs) para evitar contagios en las visitas a domicilio que son necesarias.
Según ha explicado Hernández a esta redacción, actualmente están atendiendo situaciones de vulnerabilidad, ya sea económica o asistencial, además de información respecto a trámites pendientes, plazos administrativos, normativa sobre el Estado de Alarma, etc. En este sentido están apoyando a los ayuntamientos en la organización del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y centros residenciales, siempre en contacto con los auxiliares y usuarios para cualquier incidencia que pueda surgir. De hecho, la semana pasada las consejerías regionales de Sanidad y Bienestar Social elaboraron un protocolo de coordinación entre los Servicios Sociales y el Sistema de Salud para la atención de posibles casos de personas contagiadas por el personal del SAD. Este sigue funcionando en los casos que es “estrictamente necesario” para la atención personal y “con el menor contacto físico posible”, dependiendo de las necesidades del usuario, para evitar contagios pero “garantizando que las personas estén atendidas”. Por ello, la trabajadora social destaca y agradece el trabajo y la colaboración de estos auxiliares y del resto de agentes implicados de viviendas de mayores y residencias, que están “en primera línea de fuego”, así como a los consistorios a través de sus secretarios, alcaldes y auxiliares administrativos. “Entre todos vamos a poder con esto”, asegura.
Por otra parte, Hernández añade que muchas familias están demandado apoyo económico debido a que su situación se ha agravado por este confinamiento. Sean conocidas previamente o no, les informan de las medidas del Gobierno central referentes a paralización de plazos administrativos, moratorias de hipotecas o alquileres, expedientes de regulación temporal de empleo (ERTES), paralización de los cortes de suministro, etc. Según cada caso, las derivan a otros sistemas de protección como puede ser el Servicio de Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM) o a recursos externos como las ONGs, principalmente Cruz Roja y Cáritas por ayuda en especie como lotes de alimentos —también desde el área de Campos del Paraíso han repartido comida a las familias vulnerables con las que ya trabajaban— y gestionan ayudas económicas propias del sistema público de Servicios Sociales, aunque matiza que estas son “escasas” y que deben cumplir una serie de requisitos para acceder a ellas.
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Manifiesto reclamando a la Junta más dotación de profesionales, prestaciones y recursos
Precisamente por ello, antes de la pandemia del coronavirus, 200 profesionales de Castilla-La Mancha firmaron un manifiesto expresando su “indignación” por la situación del sistema público de Servicios Sociales en la comunidad y reclamando más dotación de profesionales, prestaciones y recursos. Denunciaban la "paralización" y "recortes" en subvenciones como el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) y las Ayudas de Emergencia Social (AES), la "desastrosa gestión" del SAD por parte del Ejecutivo autonómico y la "saturación" de los Centros de Día, los Servicios de Estancias Diurnas, Temporales y Definitivas en residencias públicas, entre otras cuestiones. Esta trabajadora social —que fue una de las firmantes— recalca que todo lo que exigían sigue vigente pues no ha habido “ningún cambio” ni contestación oficial. “Nos encontramos frustrados y muy limitados a la hora de atender correctamente a las familias en situación de pobreza y exclusión social, cuya situación se ha agravado con el Estado de Alarma”, expone. Así, aclara que la resolución de las ayudas económicas está “muy ralentizada” desde el año pasado y “condicionada a ciertos requisitos” por lo que no pueden dar una respuesta inmediata a las situaciones de urgencia, habiendo estas “empeorado sustancialmente” en la actualidad.
Hernández señala que muchas de ellas “no encajan” en dichos requisitos o no se pueden beneficiar de las medidas del Gobierno nacional ya sea porque no se encuentran dentro de las situaciones planteadas o por la “farragosa burocracia” que las rodea. Aunque cuentan con las citadas derivaciones a las ONGs de reparto de alimentos, estas también se encuentran “desbordadas” en el momento actual. Pese a todo, la trabajadora social insiste en que cualquier ciudadano que se encuentre en una situación difícil debe ponerse en contacto con ellos para que valoren todas las posibilidades y le informen y tramiten lo que sea posible. "Los equipos de Servicios Sociales seguimos aquí”, destaca.
Datos de contacto de las áreas de Priego y Fuente de Pedro Naharro.
En las zonas rurales despobladas como la Alcarria conquense, Hernández deja claro que la atención está “garantizada” en todos los municipios, por pequeños es que sean, aunque no cuenten con muchos recursos aparte de los más básicos como la información y tramitación de prestaciones, la intervención familiar, el Servicio de Ayuda a Domicilio, la teleasistencia domiciliaria, las ayudas económicas de emergencia o ingresos mínimos de solidaridad y algunos centros residenciales, como residencias o viviendas de mayores. Tampoco ayuda la dispersión geográfica, dado que la atención al público es más escasa en poblaciones con menor número de habitantes mientras que en las grandes poblaciones tienen ayuntamientos con un presupuesto mayor y estos pueden invertir más dinero en crear recursos propios, además de los de la Junta de Castilla La Mancha.
"Invirtiendo en asistencia a mayores se fijaría el doble de población"
A su juicio, la situación que estamos viviendo aumentará más aún esas diferencias en las zonas despobladas, pues dada la limitación de movilidad y de recursos de todo tipo, sus habitantes se ven “agraviados” por no tener tanta facilidad para acceder a bienes y servicios como pueden ser supermercados u hospitales. Eso sí, aplaude el importante papel que están desempeñando las tiendas locales, haciendo entregas a domicilio incluso en otros municipios ayudando a mucha gente, sobre todo mayor y dependiente, que no tiene otra manera de hacer la compra.
En relación con la despoblación, la trabajadora social —que también ha trabajado también en residencia de mayores, como técnico de empleo para personas con discapacidad y coordinando el servicio de ayuda a domicilio de Cuenca capital— cree que los gestores no están planteando medidas prácticas para combatirla. En su opinión, deberían fijarse en lo que necesitan las personas que ya viven en estas zonas y crear puestos de trabajo que atiendan a eso y pone como “ejemplo muy claro” la asistencia a mayores, ya sea en el domicilio o en centros residenciales. Cree que invirtiendo en ello se fijaría el doble de población, pues la persona mayor, estando atendida adecuadamente, se quedaría a residir en su municipio (o en uno cercano) y también los trabajadores del sector, sobre todo si son jóvenes y tienen familia, lo que pone en marcha la rueda para que haya otros servicios como tiendas, bares, colegios...“Para hacer políticas contra la despoblación hay que bajar hasta aquí y escuchar qué es lo que se necesita. Las políticas desde el despacho no funcionan en este ámbito”, afirma.
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