Miembros de las asociaciones de bibliotecarios de Castilla-La Mancha en un encuentro celebrado en 2016.
Redacción
Las asociaciones de bibliotecarios de Castilla-La Mancha —entre ellas la de Bibliotecarios Asociados de Cuenca (BAC)— han hecho un llamamiento al Gobierno autonómico para que haga efectivas todas las ayudas anunciadas por el presidente, Emiliano García-Page, en el Debate del Estado de la Región del 18 de octubre de 2017. Y es que las de Animación a la Lectura (400.000€) y las de Renovación de Equipamiento (300.000€) ni siquiera aparecen reflejadas en los presupuestos de 2018. De hecho, recuerdan que las últimas concedidas en la primera materia fueron en 2010, con lo que llevan ocho años dependiendo únicamente de la “buena voluntad” de algunos ayuntamientos. Además, señalan que la única subvención convocada ha sido la de Adquisiciones Bibliográficas de libros y material multimedia pero con un aporte inferior al anunciado, tan solo 500.000€ frente 600.000€.
En el nuevo comunicado que han hecho público, sí se muestran satisfechos con que aparezca una partida para la Contratación de Bibliotecarios, algo que reclamaron a finales del año pasado (ver Alcarria Es Más, 6 de noviembre de 2017). Estas ayudas, que son para ellos las “más necesarias”, las recuperaron en 2016 y 2017, aunque “de forma muy tímida” —solo 600.000€ para toda las bibliotecas municipales de la región—, lo que les abrió una “puerta de esperanza” de cara a volver a conseguir todas las que fueron perdiendo desde 2011.
14 pueblos de la Alcarria conquense cuentan con un servicio de biblioteca municipal.
Estas asociaciones quieren también alabar a aquellos consistorios que, incluso sin subvenciones, han apostado por sus bibliotecas manteniéndolas abiertas y sin rebajar las condiciones laborales de sus profesionales. Al mismo tiempo, llaman la atención de todos aquellos que no las han vuelto abrir o no mejoran la situación de sus trabajadores. Por otra parte, reclaman a todas las fuerzas políticas de la comunidad que tengan o puedan tener representación parlamentaria que “tengan la valentía de abordar la Ley de Bibliotecas 3/2011” y a la vez sean capaces de alcanzar un Pacto Regional por la Biblioteca Pública. En su opinión, debería ser "muy fácil” ponerse de acuerdo en el mantenimiento de un servicio público “tan esencial, tan demandado y usado por todos los ciudadanos”, estableciendo su financiación a través de convenios con distintas instituciones como las diputaciones provinciales, lo que les evitaría “andar mendigando" cada año o cada vez que cambie el Gobierno.