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23
enero
2017

CÁMARA AGRARIA PROVINCIAL (CAP)

La Fundación Cuenca Agraria concede sus primeras 99 becas educativas a hijos de agricultores y ganaderos de la provincia

Esta entidad de "carácter solidario" nació hace un año para salvaguardar el patrimonio proveniente de las antiguas cámaras agrarias locales y que este revierta en beneficio de la sociedad civil

La CAP recordó el pasado agosto a los ayuntamientos y a la Consejería de Agricultura que a ella le corresponde la administración de estos recursos pues los bienes son "privados y nunca de dominio público"

CAP

El Comité Rector de la CAP y los patronos de misma junto al secretario. Foto: Fundación Cuenca Agraria.

M.R.J.

La Fundación Cuenca Agraria ha anunciado la aprobación, concesión y firma de las transferencias de las primeras 99 becas educativas —55 para Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 17 para Bachillerato y 27 universitarias— por un importe total de 53.525 euros para los hijos de agricultores y ganaderos de la provincia dado que el objetivo fundamental de esta entidad es "preservar el patrimonio que solo a ellos corresponde" y que este revierta en su beneficio y en el de toda la sociedad civil —están revisando otras 54 y además apoyarán iniciativas de calidad que contribuyan al desarrollo y dinamización de Cuenca—. Esta corporación sin ánimo de lucro y de carácter "totalmente solidario" quedó constituida en noviembre de 2015 al amparo de la Cámara Agraria Provincial (CAP) pero con “personalidad jurídica propia y capacidad de obrar” tras un exhaustivo y extenso trabajo de su fundador y presidente, Carlos Clemente Torrijos, también presidente de la CAP desde hace más de 38 años.

Tal y como explicó entonces a esta redacción (ver Alcarria Es Más, 17 de diciembre de 2015) su intención ha sido siempre preservar el patrimonio generado o creado por los agricultores y ganaderos de la provincia —edificios adquiridos y masa común sobrante tras las concentraciones parcelarias— y preexistente en las antiguas cámaras agrarias locales, cuya función era administrar los bienes comunes en beneficio de todos, algo que posteriormente, en su opinión, quedó "desvirtuado”. Así, cuando las autonomías empezaron a reclamar los derechos históricos y las competencias previstas en la Constitución Española del 78, la mayoría optaron por eliminarlas, expropiar sus bienes y donarlos y, en el caso de Castilla-La Mancha —que recibió las transferencias en 1996— el Gobierno socialista presidido por José Bono elevó a rango de ley el decreto de cámaras, disolviendo las locales pero manteniendo las provinciales —aunque actualmente solo la conquense sigue existiendo— y dejó los bienes de cada municipio en manos de los ayuntamientos al considerarlos la única corporación de derecho público, cuando también las cámaras lo eran, aunque algunos pueblos lo pelearon y se dividió a partes iguales.

Fundación Cuenca Agraria

Declaración de principios de la fundación en su página web.

Sin embargo, dado que esa normativa también preveía la creación de una Comisión para inventariar las propiedades de cada localidad, el entonces delegado en Cuenca de la Consejeria de Agricultura de la Junta, José Carricondo Martínez, lo cumplió “escrupulosamente” yendo con los secretarios provinciales y otros funcionarios durante tres años de pueblo en pueblo y levantando actas para dejar constancia detallada del patrimonio de cada cámara. Gracias a ese trabajo previo y tras conocer el anteproyecto de ley con el que el Ejecutivo popular de María Dolores de Cospedal pretendía la pasada legislatura disolver también la CAP, Clemente Torrijos comenzó el proceso de "salvaguardar los bienes al abrigo de una fundación sin ánimo de lucro".

Bienes privados y nunca de dominio público

De hecho, así tuvo que aclararlo por carta el pasado agosto a los alcaldes de los 104 municipios en cuyo término existe patrimonio proveniente de esas antiguas cámaras locales, tras las solicitudes de esos fondos que algunos ayuntamientos elevaron a la CAP. Esta entidad les recordó que a ella le corresponde la administración de estos recursos y que los consistorios son "meros colaboradores" por lo que podrán pedir pero "nunca exigir" su participación para realizar "obras o programas de interés general agrario".

Además, en un comunicado enviado a los medios de comunicación, la CAP señaló que, según doctrina del Tribunal Supremo, los bienes procedentes de las 287 extinguidas cámaras agrarias locales de Cuenca —y de las 8.200 de toda España— "son privados y nunca serán de dominio público", algo que defenderán ante los juzgados de Tarancon, San Clemente, Motilla del Palancar y Cuenca, así como en el Tribunal de Albacete y, por último, en el Supremo tras las "enormes discrepancias" surgidas con estre sus servicios jurídicos y los de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, que no pudieron solucionar con el intercambio de escritos ni durante la reunión mantenida con la Secretaría General Técnica, que les negó la posibilidad de hablar con el consejero dejando el dictamen en manos de los jueces.

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