Tras las huellas de una Alcarria por descubrir, la conquense
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M.R.J.
Hace una semana, el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció su intención de aprobar “inmediatamente” una normativa que “tendrá rango de ley” y establecerá una moratoria “sin un tiempo definido” para que no se puedan tramitar ni autorizar proyectos de granjas y macrogranjas en la comunidad “de ahora en adelante” hasta que haya una norma “lo más clara posible” en el ámbito estatal y autonómico que “será pactada con las distintas instituciones y colectivos más interesados”. García-Page especificó que esto afectará a las nuevas solicitudes porque la ley impide hacerlo “hacia atrás” pero, en su opinión, la decisión “va a marcar un antes y un después” de cara a establecer “un diálogo sereno” de forma que la ley que regule este tema en los próximos años compatibilice un “sector económico ganadero potentísimo” con las “necesidades de información, de tranquilidad y seguridad y de sostenibilidad ambiental que deben presidir ya todos nuestros debates”.
Plano de ubicación de la segunda explotación propuesta en el término de Bólliga.
Por lo tanto, en principio no parece que esta próxima moratoria vaya a afectar a los proyectos que se encuentran en tramitación en la Alcarria conquense. Es el caso del último presentado en Bólliga (el segundo en este término de Villas de la Ventosa) para 5.850 cabezas de cebo porcino , que se encuentra en fase de petición de información complementaria —previa a su sometimiento a información pública—, según consta en NEVIA, la página web desde la que el Gobierno autonómico informa sobre las evaluaciones de impacto ambiental de estas iniciativas (ver Alcarria Es Más, 25 de noviembre de 2021). Tampoco paralizará la tercera explotación de porcino propuesta en Priego para 6.180 plazas de cebo cuya Autorización Ambiental Integrada se encuentra “a la espera de la resolución del órgano sustantivo”, una vez superado el plazo de información pública. Se trata de la segunda promovida por Porcinos Villatrabaque SL en la localidad, aunque la primera —que recibió en enero de 2020 el visto bueno de la Consejería de Desarrollo Sostenible— se encuentra en proceso judicial pues el Ayuntamiento le denegó la posibilidad de ocupar más terreno del permitido por su Plan de Ordenación Municipal y lo mismo hizo con la ampliación de la explotación que ya funciona en el municipio de 1.990 reses y que recibió la autorización para aumentar su capacidad a 7.000. Como ya explicó a esta redacción el concejal de Medio Ambiente, Ángel Torres, el consistorio pricense mantiene su oposición a la instalación de estas granjas, por lo que su intención era presentar alegaciones también a esta tercera y "en caso de que incumpla alguna normativa municipal" tampoco concederá el permiso a los promotores (ver Alcarria Es Más, 14 de julio de 2021).
Plano de la situación de tercera la granja en Priego incluido en el estudio de impacto ambiental.
También el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto para instalar una granja para 6.000 cabezas de porcino de cebo en el término de Gascueña ha pasado el periodo de información pública. Sin embargo, en este caso la página oficial de la Junta informa de que se encuentra “paralizado por las alegaciones recibidas” durante esta fase. Estas han llegado desde el propio Ayuntamiento de Gascueña y de los de La Peraleja, Villanueva de Guadamejud y Valdeolivas, así como de la asociación de vecinos ‘Gascueña y Tinajas contra las macrogranjas’ y de tres particulares. El consistorio del municipio afectado ha presentado 6 alegaciones relacionadas con la ubicación (por la “falta de exactitud, veracidad y objetividad en los datos aportados sobre la opinión favorable de los habitantes”), los vientos (por “falta de rigurosidad técnica y la aportación de datos y gráficos no comprobables”), el vertido de purines (por “no considerar este como parte del estudio de impacto ambiental”), las emisiones (por “no existir datos técnicos contrastables” sobre ellas ni informes técnicos sobre vientos predominantes y su frecuencia), el efecto sobre una "zona sensible ZEC" y la separación mecánica de purines (pidiendo que “se concreten en plazo y forma todas las medidas de adopción de las mejores técnicas disponibles”).
Plano de la situación de la granja porcina en el término de Gascueña y cerca de Tinajas.
Por su parte, los ayuntamientos de La Peraleja y Villanueva de Guadamejud han alegado los “efectos negativos” que prevén sobre el medio ambiente local, el consumo de una “ingente cantidad de recursos hídricos no abundantes, precisamente, en la zona” y la “acentuación de la despoblación sin suponer un incremento apreciable y representativo del empleo y la actividad económica”. En cuanto al de Valdeolivas pide “la exclusión de 19 parcelas” en su término para el vertido de purines pues “algunas están a menos de 400 metros del casco urbano”, otras “a escasos metros de cauces fluviales y zonas de baño” y algunas "pegadas a vías de comunicación” o en “parcelas con pendientes de más del 10%”, cuestiones reguladas por la normativa de residuos ganaderos aprobada en la localidad.
Las 16 alegaciones de la ‘Asociación Gascueña y Tinajas contra las macrogranjas’ inciden en las "deficiencias" que han detectado en el sondeo de agua potable, el edificio de servicios técnicos, la gestión de los purines, las estimaciones de la reducción de emisiones de NH3 (amoniaco), la limpieza y desinfección de las instalaciones, el informe de compatibilidad urbanística, el inventario ambiental, la “ausencia” de un programa de seguimiento y vigilancia ambiental, la calificación del suelo como suelo rústico de reserva, las distancias desde la explotación, las zonas vulnerables por contaminación de nitratos, las alternativas 0 y de ubicación, la “afectación” a yacimientos arqueológicos, el “impacto negativo” en las parcelas colindantes y en aquellas en las que se aplique el purín como abono y el resumen “no técnico” del estudio de impacto ambiental y sus conclusiones. Por todo ello piden que la explotación no sea autorizada por “ser inviable desde el punto de vista medioambiental” y porque su ejecución “supondría un grave impacto sobre especies y hábitats” considerando que la valoración del impacto incluida en el Estudio de Impacto Ambiental “no es acorde” con el “impacto real que pudiera tener el proyecto”.
Medida "insuficiente" para 'Pueblos Vivos Cuenca' y "rechazo frontal" de Asaja a la moratoria
Imagen de una granja proporcionada por Asaja Cuenca.
Desde la 'Asociación Pueblos Vivos Cuenca', que canaliza las reivindicaciones de las plataformas vecinales que rechazan estas instalaciones, han "dado la bienvenida al cambio de actitud" de la Junta pero muestran "cautela y prudencia" respecto a la futura norma pues no quieren que el anuncio "sea solo una medida electoralista" al quedar menos de año y medio para los próximos comicios regionales y locales "y que la moratoria a las macrogranjas expire después". A su juicio, el anuncio es "insuficiente" y reclaman al Gobierno autonómico que deje también de regularizar o ampliar las granjas ya existentes mediante el procedimiento administrativo simplificado denominado modificación no sustancial. También reclaman "mayor control de sus importantes impactos ambientales" y "un refuerzo en la inspección y sanciones" para las infracciones como "vertidos incontrolados de purines, los aumentos de la capacidad de las explotaciones por encima de lo acordado o las deficiencias en el trato animal".
Por el contrario, la organización agraria ASAJA Cuenca, encabezada por su Sectorial de Porcino, ha afirmado que rechaza frontalmente esta decisión pues la considera "un nuevo ataque al sector primario y al desarrollo del mundo rural" ya que "los pocos habitantes que quedan en nuestros pueblos se verán obligados a abandonarlos" por "las políticas de acoso a las que se ven sometidos". Así, han anunciado que emprederán acciones legales y acudirán a los tribunales "para defender los derechos del sector".
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